¿Cómo funcionará la Ley Sinde? Preguntas frecuentes

Copio y pego un artículo de David Bravo publicado en revistagq.com.

¿Contra quién puede dirigirse el procedimiento?

Contra cualquier responsable de un servicio de la sociedad de la información que haya sido llevado ante la Sección Segunda por alguien que crea que están vulnerado sus derechos de propiedad intelectual.

¿Ante la Sección Segunda? ¿Eso qué es?

Es una comisión adscrita al Ministerio de Cultura que será la que decida si existe o no una infracción de derechos de propiedad intelectual por parte de responsables de servicios de la sociedad de la información.

En cualquier caso, yo puedo estar tranquilo porque hasta ahora los jueces han dicho que una página como la mía no infringe la propiedad intelectual.

No tan rápido. Tenga en cuenta que ahora no decidirán jueces, sino un órgano administrativo que está formado por representantes de distintos ministerios. Pueden decidir de forma distinta a la que venían sosteniendo los jueces hasta ahora. Es más, en algunos casos como el de las páginas de enlaces prácticamente se ha adelantado ya que sostendrán una postura que es contraria a la que habitualmente vienen recogidas en las resoluciones judiciales.

Bueno, pero esto irá contra páginas que ganan mucho dinero, ¿no?

Ni siquiera es necesario que ganen algo de dinero. El reglamento aclara que se podrá dirigir el procedimiento contra un responsable de un servicio de la sociedad de la información tanto si actúa con ánimo de lucro como si no. En este último caso se pide que haya causado un daño patrimonial al titular de los derechos “o sea susceptible” de causarlo, lo que es una formulación lo suficientemente genérica como para dar cabida a prácticamente cualquiera.

Pero ¿este procedimiento no iba contra las páginas esas de piratería que facturan siete millones de euros al año?

No. Va contra cualquiera que sea denunciado ante la Sección Segunda por un titular de derechos. Nada impide que sea llevado ante la comisión el titular de una web que enlaza vídeos de Youtube. La Sección Segunda será la que decida si eso es o no una infracción.

¿Qué sucedería si soy denunciado por un titular de derechos ante la Sección Segunda?

La Sección Segunda dictará acuerdo de inicio del procedimiento y le requerirá para que retire voluntariamente y en 48 horas los contenidos señalados por el titular de los derechos y que éste considera infractores.

¿Y si lo quito voluntariamente para que me dejen de líos ya se termina todo?

El procedimiento contra usted se archivará, pero el reglamento dice que esa retirada voluntaria tendrá valor de reconocimiento implícito por su parte de que usted estaba infringiendo esos derechos de propiedad intelectual. Ese reconocimiento puede ser usado contra usted si le interponen una demanda para reclamarle la correspondiente indemnización por esa infracción ya reconocida.

Entonces parece que no debo picar el anzuelo y retirar los contenidos por poco que me guste continuar con el procedimiento. ¿Qué pasos hay que dar una vez he decido que no voy a retirar los contenidos para no reconocer vulneración alguna?

Usted tendrá dos días para realizar alegaciones y proponer pruebas ante la Sección Segunda.

¿Y qué sucede después de presentar yo esas alegaciones?

Que la Sección Segunda dictará una propuesta de resolución en la que se puede solicitar la eliminación de los contenidos o la interrupción de sus servicios y le darán cinco días para presentar sus conclusiones al respecto.

Vaya, hasta ahora no he visto un juez por ninguna parte, supongo que está a punto de llegar. De acuerdo, presento mis conclusiones, ¿y ahora qué?

Ahora la Sección Segunda en un plazo máximo de tres días dictará una resolución en la que decidirá si usted está infringiendo un derecho de propiedad intelectual y en ese caso le ordenará la retirada de los contenidos o la interrupción de su servicio. Usted debe cumplir con esa resolución en 24 horas.

Un momento, ¿y eso que leí en los periódicos de que al final era un juez el que decidía todo eso?

No, eso era mentira, lo siento.

Pero, oí decir otra cosa a Lucía Etxebarría, que es hija de un abogado.

Pues no, lo lamento. El reglamento dice claramente quién decide todo de la siguiente manera: “declarado en dicha resolución que para la Sección Segunda ha quedado acreditada la existencia de una vulneración de derechos de propiedad intelectual por el responsable del servicio de la sociedad de la información, la misma resolución de la Sección Segunda ordenará al referido responsable la retirada de los contenidos que vulneren derechos de propiedad intelectual o la interrupción de la prestación del servicio de la sociedad de la información que vulnere los citados derechos objeto del procedimiento”.

¿Y si no acato la resolución de la Sección Segunda?

Entonces la Sección Segunda se dirigirá a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo para que se ejecute la medida.

Ah, bueno, aunque tarde y después de haber yo desobedecido una resolución, por fin llega un juez, que podrá decir que mi página no vulnera derechos de propiedad intelectual ¿no?

Pues no. La ley limita expresamente las facultades del juez, que no podrá decidir ni si existe una infracción de un derecho de propiedad intelectual ni si la decisión de cierre de la Sección Segunda es o no ajustada a derecho. Esto compete en exclusiva a la Sección Segunda. Tal y como dice el artículo 122 bis de la Ley 29/1998, el juez tendrá que autorizar sin más la ejecución de la resolución de la Sección Segunda y sólo podrá denegarla si afecta a determinados derechos fundamentales.

Pero algo tiene que estar mal en esta explicación. ¡Pero si hasta Javier Bardem estaba de acuerdo con la Ley Sinde! Y él es una persona progresista, como demuestra el hecho de que lleva habitualmente chupas de cuero.

Probablemente Javier Bardem ni siquiera sepa cómo funciona realmente el procedimiento y se ha creído sin más lo que le han contado esos fanáticos del copyright con los que se junta.

Lo siento pero no me fío de un abogado que sale en la tele debatiendo con María del Monte.

Hace usted bien. Aquí tiene el reglamento publicado en el BOE.  Describe el proceso claramente (artículo 15 y siguientes) y no es necesario ser jurista para entenderlo o interpretarlo. Le animo a que lo lea y compruebe por sí mismo lo que le he explicado.

Compartir archivos ha sido reconocido como religión oficial en Suecia.

Traducción chapucera y rápida. Original en inglés aquí.

Desde 2010 un grupo de piratas confesos ha intentado que sus creencias sean reconocidas como religión oficial en Suecia. Tras haber sido rechazadas sus peticiones numerosas veces, la Iglesia del Kopimism (cuyos símbolos sagrados son el CTRL+C y CTRL+V) ha sido aprobada por las autoridades como una religión oficial. La Iglesia espera que su estatus oficial elimine el estigma que rodea la compartición de archivos.

En todo el mundo, los compartidores de archivos han sido acosados por grupos antipiratería y las autoridades, y la situación en Suecia no es diferente. Mientras los poseedores del copyright acusan rápidamente a la gente que comparte ficheros de piratas, hay un grupo de gente que considera que copiar es un acto sagrado.

El estudiante de filosofía Isak Gerson, es un compartidor religioso de archivos y en un intento de proteger su única creencia, ha fundado en 2010 la Missionary Church of Kopimism. Con la esperanza de que se pueda prevenir la persecución de sus creencias, la iglesia solicitó ser aceptada oficialmente por las autoridades.

Tras dos intentos fallidos, en los cuales se solicitó a la iglesia que formalizase su modo de rezo o meditación, las autoridades finalmente han reconocido a la organización como una religión oficial. El fundador de la iglesia está extasiado por estas noticias y espera que esto motive a más gente a ser “Kopimistas”.

“Pienso que más gente tendrá el valor de declararse Kopimista. Tal vez no en público, pero por lo menos entre sus seres más cercanos”. Isak comenta a TorrentFreak. “Dodavía hay para muchos un estigma legal alrededor del hecho de copiar. Mucha gente todavía tiene miedo de ir a la cárcel por copiar y remezclar. Espero que en el nombre de Kopimi esto cambiará”.

religionAunque el estado formal de la Iglesia no significa que ahora se permita violar el copyright, la iglesia espera que sus creencias se tengan en cuenta en la elaboración de futuras leyes.

Durante los últimos seis meses, la Missionary Church of Kopimism ha triplicado sus miembros, de 1000 a 3000 y espera que las recientes noticias causen un incremento de seguidores. Seas miembro oficial o no, Gerson recomienda a todo el mundo con una conexión a internet que siga compartiendo.

“Los Kopimistas confesos no sólo dependemos de nosotros mismos en esta lucha, sino de todo aquel que copia información. A todo el mundo que tenga una conexión a internet: Seguid copiando. Mantened Kopimi con fuerza”, concluye Gerson.

Los posibles seguidores que sientan la llamada, por supuesto son bienvenidos a unirse al movimiento, gratis.

Cómo funciona el cierre de webs en 72 horas

Copio y pego un artículo CC publicado en bandaancha.eu.

José Ignacio Wert, ministro de educación, cultura y deporte.

Con la publicación hoy del Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, ya tenemos completado el dibujo que el anterior Gobierno había dejado al Partido Popular y que, finalmente, no se atrevió a aprobar. Detalla el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual encargada de valorar qué páginas web vulneran los derechos de autor y de tramitar su cierre rápido.

Con el Reglamento en la mano, ya no tenemos dudas. La Sección Primera, tendrás las funciones de mediación y arbitraje. La polémica Sección Segunda, tiene “las funciones de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual, frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de la información“. ¿Cómo funcionará el cierre de webs? Con el texto legal, se podrá actuar contra todo tipo de páginas web, incluidas las de meros enlaces.

Componentes

El titular de la Secretaría de Estado de Cultura o persona en la que ésta delegue, que ejercerá la presidencia de la Sección, y por cuatro vocales de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, Industria, Energía y Turismo, Presidencia, y Economía y Competitividad, respectivamente, designados por dichos Departamentos, entre el personal de las Administraciones Públicas

Cuándo actúa

Llevará a cabo sus funciones respecto a los casos de vulneración de los derechos de propiedad intelectual, por el responsable de un servicio de la sociedad de la información, siempre que dicho responsable, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial al titular de tales derechos

Procedimiento

  1. Cualquier titular de derechos que crea estar perjudicado podrá denunciar una página web de cualquier tipo por alojar o enlazar contenido protegido por derechos de autor
  2. Tras el pertinentes estudio de la Sección Segunda, si el balance es positivo, en el plazo de 48 horas inmediatamente siguientes a la práctica del requerimiento, se solicitará al prestador del servicio la retirada voluntaria de los contenidos que pudieran resultar ilícitos
  3. De aceptar el cierre voluntario, el instructor procederá a archivar el procedimiento sin más trámite
  4. En caso contrario, abrirá la fase de prueba para recabar toda la información posible, tanto de oficio como a instancia de parte
  5. Acreditada en resolución motivada la existencia de una vulneración de los derechos de propiedad intelectual, los servicios de intermediación deberán dar cumplimiento a esta orden de suspensión en un plazo de 72 horas desde la notificación a los mismos del auto del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo autorizando, en su caso, la misma
  6. El plazo máximo en el que deberá notificarse la resolución por la Sección Segunda será de 3 meses. La falta de notificación en ese plazo tendrá efectos desestimatorios

Todas las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de la orden se tendrán que tomar, incluyendo a los prestadores de los servicios de intermediación de la sociedad de la información cuya colaboración sea necesaria.

A la solicitud de iniciación del trabajo de la Sección Segunda, deberá aportarse, la acreditación por cualquier medio de prueba admisible que la obra o prestación alegada está siendo objeto de explotación, lucrativa o no, identificando, describiendo y ubicando dicha actividad.

Garantía judicial

Sólo se aplicará en dos momentos concretos a través de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo:

  • Cuando los titulares de los derechos no logren identificar a los propietarios de la web infractora. En tal caso deberán acudir al juzgado para que el juez lo solicite a la compañía pertinente, habitualmente operadores de telefonía o proveedores de alojamiento y dominios.
  • Si la sección segunda acredita, por vía administrativa, que una página web vulnera los derechos de autor, ordenará la retirada del sitio y sus contenidos. De no tener lugar en un plazo voluntario de 24 horas, será el juzgado quien autorice la ejecución de la medida, que tendrá que cumplirse en un máximo de 72 horas.

Argumentos y acciones contra la “ley Sinde”

Durante el pasado viernes día 8 el Gobierno de España aprobó en el primer Consejo de Ministros del año su paquete de medidas para cerrar webs de descargas, que escapa completamente de toda lógica. ¿Y en qué va a consistir? Pues de forma resumida el proceso será tal que así:

Los propietarios de derechos de autor (particulares o entidades) denunciarán ante una Comisión de Propiedad Intelectual a aquellos sitios que supuestamente infrinjan derechos de autor. Dicha comisión decidirá si infringen o no derechos de propiedad intelectual para, en los casos afirmativos, comunicárselo a los responsables de las webs. En este punto se abre plazo de alegaciones para dichos responsables tras el cual si la comisión administrativa entiende son insuficientes, se ordena la retirada del material protegido de los sitios. Finalmente si las presuntas infracciones persisten, solicitarán autorización ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional para bloquear o cerrar la web que toque, Sala que tendrá que resolver en un máximo de cuatro días. Recibida la autorización, la Comisión de Propiedad Intelectual hará efectiva la medida.

Esta es la explicación que más o menos han dado la mayoría de medios de comunicación sobre el nuevo procedimiento, recalcando una y mil veces que ahora aparece la figura del juez en el mismo, una de las cosas que se pedían en el #manifiesto. Pero eso, al igual que otras muchas cosas más que están saliendo en los medios de comunicación de boca de la Ministra de Cultura o algún representante de la asociación protectora de derechos de autor de turno, son verdades totalmente parcializadas y si nos ponemos a rascar un poco resulta que ante lo que realmente estamos es un galimatías administrativo y jurídico con un único objetivo: blindar, más, una industria cultural totalmente obsoleta que no es capaz a sustentar su arcaico modelo de negocio.

Pero estamos a tiempo de intentar frenar esta barrabasada, la normativa aún tiene que pasar por el Parlamento y por el Senado y además el Gobierno también necesita modificar varias leyes más si quiere ponerla en funcionamiento. Es necesario pues hacer entender al resto de fuerzas políticas y ciudadanía ante lo que realmente estamos y para eso esta pequeña “Guía básica de insurrección contra la normativa del Gobierno de España para cerrar webs”, que paso seguidamente a describir.

Tres pilares fundamentales la conforman: el primero, lo leído hasta aquí (una explicación general de la situación y la normativa), el segundo, argumentos contra la norma, el procedimiento y todo lo que les rodea y finalmente el tercero, acciones que puede emprender cualquier ciudadano con conexión a Internet para intentar que esto no llegue a aprobarse. Sin más dilación, al turrón.

Argumentos contra la normativa y el proceso

  • La nueva normativa carece de sentido. La Justicia española ya cuenta a día de hoy con herramientas suficientes para luchar contra los que se salten derechos de propiedad intelectual. Que esta siempre resuelva en contra de la industria no es culpa de nadie y menos de los ciudadanos
  • El poder ejecutivo intenta traspasarse competencias que son propias del judicial y con ello dinamita uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia que es la separación de poderes
  • Se le da rango de derecho fundamental a la propiedad intelectual, algo que debería ser dilucidado con mucha más calma y por varios estamentos y no solamente por el ejecutivo
  • Si la normativa se aprueba, supondrá un agravio comparativo con otros sectores industriales y los propios ciudadanos. ¿Por qué la industria cultural tiene que tener “juicios rápidos” y el resto no?
  • Se va a cargar de más trabajo a la Audiencia Nacional, tribunal excepcional que se ocupa de los casos más graves, como por ejemplo los relacionados con terrorismo o corrupción
  • Los ciudadanos no somos los culpables de que un sector se esté muriendo por el avance tecnológico. Ha pasado lo mismo en innumerables ocasiones a lo largo de la historia y en ninguna se impulsó su supervivencia a base de leyes
  • Quien decidirá en primera instancia si hay o no infracción será una comisión administrativa, no un juez
  • Los jueces pasarán por encima del asunto, no decidirán si determinada web ha vulnerado derechos de propiedad intelectual
  • El proceso puede utilizarse contra cualquier sitio de la red que los demandantes consideren está violando derechos de propiedad intelectual, aunque el Gobierno asegure que solamente se usará contra “no más de 100 webs”
  • El intercambio de archivos o enlaces en sitios para facilitar el intercambio de los mismos no es delito en España. La ley está dando por supuesto que lo anterior es un delito al establecer una comisión para investigarlo
  • La normativa choca o vulnera varios artículos de la Constitución (2024.2)
  • No es de recibo que para llevar la nueva norma hacia delante el Gobierno tenga que modificar nada más y nada menos que cuatro leyes, una de ellas la Ley Orgánica del Poder Judicial

Acciones contra la normativa y el proceso

  • Si tienes acceso a medios tradicionales distribuye en ellos los argumentos citados anteriormente
  • Deja patente tu disconformidad con la normativa en tu cuenta de Twitter, Facebook o cualquier otro sitios social
  • Distribuye los argumentos aquí expuesto (u otros), en tu web o blog
  • Copia esta imagen donde quieras
  • Pide a resto de fuerzas políticas del país voten negativamente contra toda medida relacionada con la nueva normativa (vía Twitter por ejemplo: @ppopular, @iunida, @pnveaj, @ciu etc)
  • Inicia cualquier otra acción de lucha que se te ocurra y apoya las que conozcas
  • Contribuye a centralizar las quejas en determinados canales (si ya existe un grupo en Facebook de protesta, no crees otro, únete a ese)
  • Menea, retwittea y copia

Y poco más que añadir a lo dicho hasta aquí. Es el momento de que nosotros, los ciudadanos, actuemos. La red nos otorga un poder de presión tremendo, como ya vimos con el #manifesto el cual demostró que la línea entre la vida real e Internet ya está rota. Se consiguió forzar una reunión con la Ministra de Cultura, también hubo reuniones con representantes de otros partidos políticos y la revuelta impactó de lleno en los medios de comunicación masivos.

Aunque sea cierto que el objetivo máximo, la eliminación de la disposición primera, no se consiguió, eso no es razón para aflojar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que todo se quede como está, pero eso ya lo tenemos seguro al cien por cien si no hay movilización.

Nos toca.

Texto extraído de Alt1040

Justificaciones escalofriantes a la Ley de la Patada en el Router: Es que los jueces aplicaban mal el Código Penal

Corto y pego del blog de David Bravo, porque se puede decir más alto pero no más claro:

En el año de 2006, con la redada a páginas de enlaces, se produjo la que, según los medios de comunicación, fue la operación más importante contra la piratería en toda Europa. Poco después de las detenciones fueron muchos los que brindaron con champagne: los medios de comunicación escribían editoriales titulados “Piratas en la Red” y la por entonces Ministra de Cultura, Carmen Calvo, aparecía fotografiada junto a miembros de la policía y algunos artistas con gesto triunfal. La euforia era tan desmedida que la Federación Antipiratería condecoró a la brigada que realizó la operación y ACAM publicó una lista de “páginas desde las que se delinquía”, relegando el papel de los jueces a una cuestión de puro trámite y considerando que su labor se reducía a graduar la mayor o menor intensidad de una pena que se creía ineludible.

Nunca lo hemos contado, pero cuando Javier de la Cueva y yo acudimos al juzgado a la declaración de los imputados en el caso Sharemula, salimos de allí asombrados por la actitud de los que se sentaron en el estrado de enfrente: un abogado y dos abogadas que, literalmente, se reían de las respuestas de nuestro defendido y que se despidieron de nosotros con cara de haber presenciado un patético espectáculo de excusas desesperadas y estrafalarias. Después de aquello no volvimos a verlos porque los dos imputados en ese caso no tuvieron que regresar más al juzgado: el Juez decidió archivar directamente el asunto al considerar que la actividad denunciada no era delictiva. En el mismo sentido se pronunciaron diversos juzgados de diferentes ciudades de todo el país y, ante el fracaso de esta vía penal, se probó suerte en la civil. La última resolución en esta vía puede dar una idea del grado de frustración de la industria y del Ministerio de Cultura: el juzgado ordena reabrir dos páginas de enlaces a redes P2P condenando en costas a SGAE y, como guinda, multándola a ella misma por mala fe en su solicitud de cierre.

Para encontrarle una explicación, es en este contexto en el que debe analizarse la reforma incluida en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible y que pretende apartar a los jueces para que ahora sea una comisión del propio Ministerio de Cultura -aquél que aplaudió las detenciones- el que decida sobre la licitud o ilicitud de estas páginas webs.

Aunque el puzle tiene sólo dos piezas y es fácil de encajar para cualquiera que no escriba editoriales en El Munto y El País, los abogados de la industria se están encargando de aclararlo mejor. Marisa Castelo, abogada que no hace mucho dijo que si el modelo en el que se basa el fenómeno de las descargas sigue degenerando ve “a la gente asaltando los concesionarios de coches”, dio hace pocos días una entrevista online en ABC donde puso las cartas sobre la mesa. Tras defender a ultranza esta reforma y, ante la pregunta de si se “ganan muchas demandas por violaciones de propiedad intelectual en internet”, la letrada contesta: has dado en el clavo 🙂 (con smiley en el original). Es decir, el quid de la cuestión de esta reforma se encuentra en que la industria no está ganando muchas demandas (de hecho, en casos de páginas de enlaces han ganado un total de cero) y de ahí la necesidad de una ley cuyo objeto no es otro que trasladar el poder de decisión de los jueces al Ministerio de Cultura. En palabras de la abogada “la necesidad de esta reforma surge sencillamente de que no se está aplicando el Código Penal de manera correcta”. O lo que es lo mismo: como los jueces no interpretan las leyes como lo hace la industria y sus representantes del Ministerio, es necesario quitarlos del medio. Tras perder varios partidos seguidos, le dicen al árbitro “mejor deme a mí el silbato, que ya me encargo yo de ésto”.

Sólo un país inmerso en la más absoluta mediocridad moral e intelectual puede no llevarse las manos a la cabeza ante la posibilidad de que un órgano administrativo decida atribuirse la potestad de calificar una conducta como ilícita sólo porque los jueces no la consideran como tal. Hoy el Gobierno ha decidido que los jueces se han equivocado con su calificación de las páginas de enlaces de modo que, en adelante, deben encargarse ellos mismos directamente. Mañana, ¿qué será? ¿Qué puerta se está abriendo con esta propuesta?

Estoy hablando de páginas de enlaces pero, en puridad, la reforma no les atañe sólo a ellos. El tenor literal del texto de la reforma es mucho más amplio y señala directamente a toda aquella página web que obtenga algún rendimiento económico, por pequeño que sea, y quepudiera estar vulnerando algún derecho de propiedad intelectual: un blog con publicidad que suba una foto sin permiso o que haga una cita que no encaja exactamente en el derecho de cita, estaría en el punto de mira.

Mientras esto sucede, algunos “opinadores” profesionales de los medios de comunicación, incapaces de darse cuenta de que ellos son uno más de los muchos afectados, caricaturizan esta protesta dibujándonos como niños llorones que queremos descargas gratis, y ello por desconocer que esta reforma ni siquiera ataca directamente a las descargas. Lo que aquí está en juego es lo suficientemente grave como para que se rechace incluso por los que están contra las descargas y con independencia del signo político de cada cual, y es que se trata de dar el visto bueno a que un gobierno pueda arrancar de las manos a los jueces determinados asuntos sólo porque las decisiones que estaban adoptando no les gustan. Y no sólo eso, si la reforma termina cristalizando en una ley real se abre además otra puerta peligrosa: permitir que un órgano administrativo cierre páginas molestas en función de lo que éste considere que es una infracción de propiedad intelectual. De poco sirve la garantía de que la ley diga que en casos en los que el cierre afecte a la libertad de expresión será un juez el que decida, y para comprender la falta de solvencia de esa garantía basta con recordar las espeluznantes palabras de la Ministra de Cultura a este respecto: “la intervención de un juez puede ser necesaria en ocasiones, pero será la Comisión [del Ministerio de Cultura] quien valore esa opción”. O lo que es lo mismo, una vez iniciado el procedimiento será el propio Ministerio de Cultura quien decidirá, caso por caso, sobre su propia competencia y sobre la necesidad de que un juez intervenga o no.

David Bravo